Los daños producidos en nuestra vivienda o en nuestro vehículo por terceras personas pueden surgir en cualquier momento, y hacer frente a los mismos es una situación que requiere un conocimiento que normalmente no tenemos. Por este motivo, las aseguradoras ofrecen la cobertura de protección jurídica, incluyéndola en los seguros de hogar o coche, o bien mediante su contratación directa.

Mediante el seguro de defensa jurídica, la compañía se obliga a prestar los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial, haciéndose cargo de los gastos que puedan originar la intervención en un procedimiento judicial, administrativo o arbitral.

El principal problema de la sociedad actual y que afecta directamente a la calidad de vida es el ruido, produciendo una serie de efectos nocivos para las personas, ya sean fisiológicos o psicológicos y es causa de alteraciones en el sueño, el descanso y la concentración.

El incremento de la demanda de alquiler de viviendas, frente a la mentalidad que ha existido siempre de tener la vivienda en propiedad, ha propiciado la búsqueda de una seguridad tanto para evitar la morosidad como los daños que pueda producir el inquilino en la vivienda.

Mediante esta garantía la aseguradora garantiza la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el asegurado siempre que aquellos se deriven de culpa o negligencia extracontractual del causante. 

Mediante esta cobertura las aseguradoras están obligadas, dentro de los límites de la ley y el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un proceso judicial, administrativo o arbitral.