Mediante el seguro de defensa jurídica, la compañía se obliga a prestar los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial, haciéndose cargo de los gastos que puedan originar la intervención en un procedimiento judicial, administrativo o arbitral.

Mediante esta garantía la aseguradora garantiza la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el asegurado siempre que aquellos se deriven de culpa o negligencia extracontractual del causante. 

Mediante esta cobertura las aseguradoras están obligadas, dentro de los límites de la ley y el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un proceso judicial, administrativo o arbitral.

En ocasiones podemos vernos involucrados en situaciones conflictivas en las que necesitemos la ayuda de un abogado.