Cuando un asegurado o un tercero, que puede ser eventualmente beneficiario de una indemnización, provoca intencionadamente un siniestro o, en caso de producirse, no declara exactamente cómo ha ocurrido para beneficiarse, está cometiendo un fraude en el seguro.
Puede producirse este fraude en el seguro, también, en el momento de la contratación. El fraude comprende todas las acciones que realizan los asegurados para obtener un beneficio que no les corresponde mediante la realización de actos ilícitos.
Frente a esta actuación, las aseguradoras, que consideran el fraude como una actividad delictiva de gran importancia, tratan de protegerse mediante la creación de ficheros de información interna, por ejemplo, el fichero SENDA, o mediante la firma de un convenio con la Guardia Civil como recientemente se ha producido.
A través de este acuerdo se trata de evitar esta actividad delictiva que, según la patronal de los seguros, UNESPA, afecta a todos los ramos, pero sobre todo a los de autos y hogar. Cada año, las entidades detectan 435.000 tentativas de fraude con una valoración de 2.000 millones de euros.
Esta actividad no solo afecta a las aseguradoras, ya que los asegurados deben soportar el incremento de primas causados por esa actividad. Afecta a los propios defraudadores ya que las consecuencias de su actuación pueden estar tipificadas como delito con el consiguiente procedimiento judicial.
Y en relación a las aseguradoras y el coste de la prevención, tanto en dinero como en medios, supone cuantiosos gastos, teniendo que subir las primas con la consiguiente pérdida de cuota de mercado.
Podríamos concluir afirmando que las aseguradoras han dado un paso más para evitar el fraude que no conlleva más que perjuicios para el resto de los asegurados.
Federico Martínez de la Puente. Abogado Seguros CEA