Actualmente tener el vehículo clásico cerrado en un garaje, pero sin haberlo dado de baja en tráfico, conlleva el riesgo de poder ser multado ya que el posible cruce entre la base de datos de tráfico y la de las compañías de seguros daría lugar a una importante sanción económica.

Como norma general hay que tener en cuenta siempre que se debe conducir con la máxima precaución y respetando las normas de tráfico, lo que no evita que por alguna circunstancia excepcional fuéramos sancionados con multas que acarreen retirada de puntos.

Los ataques a las empresas se han incrementado desde el crecimiento del comercio “online” y el desarrollo de las nuevas tecnologías, y frente a la creencia de que los ataques cibernéticos solo se centran en grandes empresas con grandes bases de datos la realidad lo desmiente ya que los ciberdelincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas que no disponen de las medidas de protección adecuadas.

La ocurrencia de un siniestro en la vivienda puede proceder de muchas causas, que deben ser atendidas por las compañías por estar así obligadas mediante la póliza contratada, pero hay que tener en cuenta que los aseguradoras, además de no cubrir todos los hechos que ocurren en la vivienda (por ejemplo los derivados del uso), pueden no atender daños en algunas circunstancias como pueden ser la negligencia del asegurado, la falta de mantenimiento de la casa, o un defecto en la construcción de la vivienda, entre otras circunstancias.

La afición de los motoristas no cesa con los años, y nos encontramos con un nicho importante de conductores que conservan en su garaje la moto clásica para, de vez en cuando, disfrutar de un paseo en ella.

La inversión e ilusión que requiere la apertura y mantenimiento de un negocio o una oficina requiere tomar las medidas necesarias para evitar que por un accidente pudiera dañarse seriamente esos intereses y entre esos intereses se encuentra el seguro de comercio que tiene por finalidad proteger los bienes materiales de la empresa, su responsabilidad frente a reclamaciones fundadas de terceros y garantizar los ingresos en caso de paralización de la actividad como consecuencia de un accidente.